¿Quién dijo que no hay crisis?
Según publica Expansión, la morosidad aumenta, hasta el 0’84%, por sexto mes consecutivo; las entidades financieras, a su vez, consideran que los impagos seguirán creciendo. La situación de incertidumbre está obligando a bancos y cajas a embargar cada vez más pisos. Sorprende, pues, la versión optimista del Ministro de Economía en su debate del pasado jueves 21 de febrero. Y más aún a tenor de su última oferta electoral: la ampliación del plazo de la hipoteca de forma gratuita.
Es curioso que se anuncie esta medida en un contexto económico favorable, pues entre otras cosas supone una modificación del contrato firmado entre las partes. Además no explica cómo debería producirse dicha modificación ni quienes podrán optar a ella (“las familias con dificultades económicas” es un término que admite amplia discrecionalidad en su definición). Por si fuera poco, introduce otra variable: “el Gobierno llegará a acuerdos con entidades bancarias, notarios y registradores (…), asumiendo (por vía directa o indirecta) el coste de la medida. Según parece, las entidades bancarias ya han contestado al Sr. Solbes que en la actualidad existen mecanismos de extensión de la hipoteca, y algunos llaman la atención sobre el hecho de que tanto el Banco de España como el propio Solbes advirtieron de los peligros que puede llegar a suponer dicha medida.
En resumidas cuentas, será el erario público, participado por todos los españoles, el que soportará la carga de los errores de gestión y planificación del gobierno socialista. Esta medida se une a la famosa –y matizada- oferta electoral de los 400 euros, que se ha ido restringiendo hasta convertirse en un chiste.
De aplicarse las medidas que promueve el PSOE, el coste para las arcas sería de 22.175 millones de euros, aproximadamente (algo más del 2% del PIB), o, en otros términos, casi el total del superávit recaudado por las Administraciones Públicas durante 2007. Y todo ello sin tener en cuenta el coste que va a suponer el previsible aumento del paro y, por ende, de las prestaciones que tendrá que abonar el Estado.
Los socialistas continúan ocultando la crisis en ciernes, con la esperanza de que lo peor de sus consecuencias llegue después del 9 de marzo; de ese modo pretenden que el marco económico influya lo menos posible en las elecciones. El problema es que de este modo se retrasan las posibles soluciones, lo que augura un futuro poco esperanzador para todos aquellos que ya en la actualidad están empezando a notar lo que nos cuesta llegar a fin de mes.
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